El dirigente social Juan Grabois volvió a enfrentarse al Poder Judicial al negarse a que le obliguen a entregar su teléfono móvil durante la toma del Instituto Perón. La reciente decisión judicial marcó su cuarto revés en el caso, alimentando el debate sobre los límites de la autoridad y la defensa de la privacidad en situaciones de protesta.
Contexto de la toma del Instituto Perón
El pasado mes se registró la ocupación del Instituto Perón en la Ciudad de Buenos Aires por parte de grupos vinculados a la coordinación de organizaciones sociales liderada por Juan Grabois. La medida fue motivada por reclamos en materia de derechos laborales y justicia social.
Orden judicial para revisar el celular
El tribunal de primera instancia emitió una orden que obligaba a Grabois a permitir que peritos judiciales inspeccionaran su teléfono celular, bajo el argumento de que podría contener pruebas relevantes de la protesta.
Negativa del dirigente y el cuarto revés
Grabois mantuvo su postura de resistencia y se negó a que se cumpla la orden, argumentando que el acceso al dispositivo vulneraría su derecho a la intimidad y la confidencialidad de las comunicaciones. La autoridad judicial, al considerar infundada la petición de los peritos, revocó la medida, marcando el cuarto revés en el proceso judicial contra el dirigente.
Repercusiones y debate público
El caso ha generado un amplio debate entre juristas, activistas y la opinión pública sobre los límites de la intervención judicial en la vida privada de los manifestantes. Mientras algunos defienden la necesidad de obtener pruebas, otros enfatizan la importancia de respetar los derechos constitucionales de privacidad.
Próximos pasos
La parte demandante ha anunciado que presentará un nuevo recurso ante instancias superiores, lo que indica que el conflicto judicial seguirá abierto. Por su parte, Grabois reiteró su disposición a seguir luchando por los derechos sociales sin ceder a presiones que consideren violatorias de la intimidad.