Un fallo judicial ordenó al Estado argentino restablecer sin condiciones las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas. La medida afecta a miles de beneficiarios en todo el país y obliga a la ANSES a reintegrar los pagos atrasados, generando un impacto económico y social de gran relevancia.
Contexto y antecedentes
Desde principios de 2025 la ANSES había limitado el pago de pensiones por discapacidad, argumentando motivos presupuestarios. La medida provocó protestas de organizaciones sindicales y de la comunidad de personas con discapacidad, que denunciaron la vulneración de derechos constitucionales.
Decisión judicial
El Juzgado Federal de Catamarca, a través del magistrado que lideró el proceso, dictó una sentencia que obliga al Gobierno a restablecer todas las pensiones por discapacidad en todo el territorio nacional. La orden incluye el pago inmediato de los haberes suspendidos y la garantía de su continuidad.
Reacción del Gobierno
El Ministerio de Economía comunicó que revisará el impacto fiscal y que trabajará con la ANSES para cumplir la resolución lo antes posible. Se anunció la asignación de recursos extraordinarios para cubrir los atrasos y evitar nuevas interrupciones.
Impacto social y económico
Se estima que alrededor de 120.000 beneficiarios recibirán los haberes restaurados, lo que representará un gasto adicional de aproximadamente USD 150 millones al año. Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión como una victoria para la inclusión y la igualdad.
Próximos pasos
La ANSES deberá presentar un plan de pagos a la autoridad judicial en los próximos diez días. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia de la sociedad civil para asegurar la aplicación plena de la sentencia.