Un tribunal federal dictó una medida de urgencia que obliga al Estado a reincorporar de inmediato los pagos suspendidos de pensiones por discapacidad en todo el país, devolviendo el sustento a miles de jubilados que habían quedado sin recursos tras la paralización.
Contexto y decisión judicial
El 17 de octubre de 2025 un juez federal de la ANDIS (Administración Nacional de la Seguridad Social) concedió una medida cautelar que exige al Gobierno nacional restablecer todas las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas. La orden se extiende a la totalidad del territorio argentino, sin excepciones regionales.
¿Por qué se suspendieron los pagos?
La suspensión, anunciada a principios de 2025, se debió a problemas de presupuesto y a la falta de actualización de los índices de reajuste. Organizaciones sociales denunciaron que la medida dejó a más de 200.000 beneficiarios sin ingresos mensuales, generando una situación de vulnerabilidad crítica.
Reacción del Gobierno y de la sociedad
El Ejecutivo respondió que revisará el caso y buscará ajustes fiscales para cumplir con la orden judicial. Mientras tanto, sindicatos y asociaciones de personas con discapacidad realizaron movilizaciones en Buenos Aires y otras capitales provinciales, exigiendo una solución definitiva y una política de pensiones más sostenible.
Impacto inmediato
Con la medida, se reactivarán los pagos retroactivos desde la fecha de suspensión, lo que significará un ingreso adicional estimado en aproximadamente 350 millones de pesos para los beneficiarios. Además, el anuncio ha generado expectativa de posibles reformas en el marco normativo de la seguridad social.
Próximos pasos
El gobierno deberá presentar un plan de financiamiento ante el tribunal en los próximos diez días hábiles. La decisión también abre la puerta a nuevas demandas para garantizar la regularidad de los pagos futuros.