El Gobierno nacional publicó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición del salario docente, una medida destinada a reforzar la financiación de la Universidad pública y mejorar la remuneración del magisterio. Sin embargo, la puesta en marcha se ha pospuesto, lo que ha generado protestas de docentes y estudiantes en varias instituciones.
Contexto y contenido de la ley
En octubre de 2025 el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente, publicada en el Boletín Oficial. La normativa crea un fondo de recursos para la Universidad pública y establece un esquema de actualización salarial para los docentes universitarios, con el objetivo de reducir la brecha salarial y garantizar la calidad académica.
Retraso en la aplicación
Aunque la ley fue promulgada, el Poder Ejecutivo decidió postergar su entrada en vigor mediante un decreto de urgencia. La medida fue anunciada a mediados de octubre y ha generado incertidumbre entre las instituciones que esperaban los recursos inmediatos.
Reacciones de la comunidad universitaria
Frente a la postergación, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios (ADIUC) convocó una huelga de 24 horas a mediados de octubre, paralizando clases y actividades en varias sedes, entre ellas la Universidad Nacional del Centro. Simultáneamente, estudiantes y docentes de distintas casas de estudio organizaron concentraciones en la capital, exigiendo la aplicación inmediata de la norma.
Próximos pasos
El debate continúa en el Congreso y el Ejecutivo, que deberán acordar los plazos definitivos para la puesta en marcha del financiamiento. Los sectores universitarios mantienen la presión a través de movilizaciones y reuniones con las autoridades, mientras se vigila la publicación de futuros decretos que puedan definir la fecha concreta de implementación.