En octubre de 2025 el Ejecutivo nacional aprobó dos importantes normas: una que garantiza recursos extra para las universidades y otra que crea un fondo de emergencia para la atención pediátrica. Sin embargo, la aplicación quedó ajornada, generando una fuerte protesta de docentes, estudiantes y profesionales de la salud que exigen su cumplimiento inmediato.
Contexto y contenido de las leyes
El presidente de la Nación firmó a principios de octubre de 2025 dos proyectos de ley que buscaban reforzar dos sectores críticos. La Ley de Financiamiento Universitario establece incrementos graduales en el presupuesto de instituciones de educación superior, destinando recursos adicionales para investigación, infraestructura y becas. Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica crea un fondo de emergencia destinado a hospitales y clínicas que atienden a niños, garantizando equipamiento, medicamentos y personal especializado.
Demora en la puesta en marcha
A pesar de la promulgación, la normativa incluye un plazo de implementación que se ha extendido más allá de lo previsto. Los textos indican que la entrada en vigor estaba programada para el 1 de noviembre de 2025, pero el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han comunicado un retraso de varias semanas para ajustar los procedimientos de asignación de fondos.
Reacción de los sectores involucrados
La postergación ha desencadenado una serie de movilizaciones:
- La Federación Universitaria (FEDUN) anunció un paro nacional de 24 horas para el 21 de octubre de 2025, con la intención de presionar a las autoridades para que activen la Ley de Financiamiento Universitario.
- Docentes universitarios realizaron jornadas de protesta en varias ciudades, exigiendo la aplicación inmediata del presupuesto adicional.
- Profesionales del Hospital Garrahan y de otras instituciones pediátricas se sumaron a la demanda, alegando que la demora compromete la atención de urgencia a niños.
Posibles consecuencias
Los analistas advierten que la suspensión de los fondos podría afectar la continuidad de proyectos de investigación y la calidad de la enseñanza universitaria, al mismo tiempo que pone en riesgo la capacidad de respuesta de los hospitales infantiles ante situaciones críticas.
Próximos pasos
El Gobierno indicó que está trabajando en una hoja de ruta para la ejecución de ambas leyes, pero no dio una fecha definitiva. Mientras tanto, los colectivos continúan organizando protestas y convocando a la sociedad a apoyar su causa mediante campañas en redes sociales y la prensa.