La esposa del pescador asesinado en el reciente bombardeo de Estados Unidos en aguas del Caribe expresó su dolor y exigió justicia, mientras el gobierno colombiano y el presidente Gustavo Petro acusaron a Washington de un acto de asesinato que detuvo la ayuda internacional.
El trágico hecho
En una madrugada del mes de octubre de 2025, una explosión proveniente de un avión militar estadounidense impactó una zona de pesca frente a la costa caribeña de San Onofre, Sucre. Entre los pescadores muertos se encontraba Juan Carlos Martínez, de 42 años, residente de la comunidad costera. Su viuda, María Elena Ríos, de 38 años, apareció con la ropa manchada de sangre y una foto del marido, denunciando que su esposo tenía derecho a la vida y que el ataque fue una violación del derecho internacional.
Reacción del gobierno colombiano
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió un comunicado acusando a Estados Unidos de cometer un asesinato y anunció la suspensión de la ayuda militar que recibía Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a consultas con su embajador en Washington para exigir explicaciones y presentar una protesto formal. Asimismo, el Congreso inició una sesión extraordinaria para evaluar posibles sanciones diplomáticas.
Denuncia internacional y demandas de justicia
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se sumaron a la denuncia, señalando que el bombardeo violó los principios de proporcionalidad y distinción del derecho de conflictos armados. La viuda, acompañada de representantes comunitarios, presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo una investigación imparcial y una indemnización para su familia.
Impacto en la comunidad pesquera
El ataque dejó a la comunidad de San Onofre sin su principal fuente de sustento. Según datos de la alcaldía local, más de veinte embarcaciones fueron dañadas o destruidas, lo que afecta a unas 300 familias. Las autoridades colombianas anunciaron la creación de un fondo de emergencia para cubrir los gastos de reparación y garantizar la alimentación de los pescadores afectados.
Posibles repercusiones políticas
El caso ha encendido el debate interno en Estados Unidos sobre la legalidad de las operaciones militares en territorio extranjero sin autorización del país anfitrión. En el Congreso estadounidense se anticipan audiencias para esclarecer los motivos del bombardeo y revisar las reglas de compromiso en la región del Caribe.