La esposa del pescador asesinado en un bombardeo militar de EE. UU. en aguas del Caribe exige justicia y acusa al gobierno de Donald Trump de violar la soberanía colombiana, mientras el presidente Gustavo Petro condena el incidente y llama a la comunidad internacional a tomar medidas.
Hechos del bombardeo
En una operación militar de los Estados Unidos sobre el Mar Caribe, ejecutada bajo la administración de Donald Trump, un barco de pesca colombiano fue alcanzado. El ataque provocó la muerte de un pescador originario de San Onofre, en el departamento de Sucre, Colombia. La identidad del pescador no ha sido confirmada oficialmente, pero su familia aseguró que era el sostén económico del hogar.
Denuncia de la viuda
La viuda del desaparecido, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, compareció ante los medios y presentó una fuerte denuncia. En su intervención afirmó que su esposo tenía “derecho a la vida” y que el ataque constituye una violación grave de la soberanía colombiana. La mujer exigió una investigación internacional y la reparación correspondiente a la familia.
Reacción del gobierno colombiano
El presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente la acción de EE. UU., calificándola de “asesinato” y denunciando la violación de la soberanía de las aguas colombianas. Petro anunció que elevará el caso a foros internacionales y que el país reconsiderará la cooperación militar y la ayuda financiera proveniente de Estados Unidos.
Contexto del conflicto
El bombardeo se produce en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la región caribeña, donde los aviones estadounidenses han realizado operativos de interdicción aérea. Sin embargo, la muerte de civiles ha generado una creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, reavivando debates sobre la presencia militar extranjera y los derechos humanos en la zona.
Posibles repercusiones
Las declaraciones del presidente Petro podrían derivar en la suspensión de ayudas económicas y militares de EE. UU. a Colombia, así como en la apertura de investigaciones en la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La viuda y organizaciones de derechos humanos han pedido que se impongan sanciones al responsable del ataque.