El 19 de octubre de 2025, la presidenta Dina Boluarte firmó un decreto que establece un estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, con toques de queda, prohibición de aglomeraciones y otras medidas drásticas para contener una ola de violencia que ha dejado más de 150 víctimas en una semana.
Declaración del estado de emergencia
El 19 de octubre de 2025, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó el decreto que establece un estado de emergencia en la zona metropolitana de Lima y el puerto de Callao. El régimen tendrá una vigencia de 30 días, con el objetivo de frenar una escalada de crímenes violentos que ha cobrado más de 150 víctimas en los últimos siete días.
Principales medidas y restricciones
- Toque de queda de 20:00 a 06:00 en todo el área metropolitana.
- Prohibición de concentraciones superiores a 10 personas en espacios públicos y privados.
- Cierre forzoso de bares, discotecas y locales que vendan alcohol después de las 22:00.
- Reforzamiento de la presencia policial y militar, con 7.500 efectivos en patrullaje y puestos de control.
- Suspensión de visitas a penitenciarias y apagón eléctrico parcial en celdas para evitar motines.
- Restricción del tránsito vehicular en las avenidas principales, permitiendo solo el paso de transporte público y de emergencias.
Impacto y alcance
El decreto afecta a aproximadamente 10 millones de habitantes y cubre los distritos de Lima, San Martín de Porres, Comas, Villa El Salvador, entre otros, así como el municipio de Callao. Se estima que la medida reducirá en un 40% los índices de homicidios y asaltos durante su vigencia.
Reacciones y controversias
Los partidos de oposición calificaron la medida como “excesiva” y “rígida”, mientras que organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre posibles violaciones a libertades civiles y demandaron supervisión internacional. El gobierno, por su parte, aseguró que todas las acciones estarán sujetas a control judicial y que la prioridad es la seguridad de la población.
Próximos pasos
El presidente Boluarte anunció que, al término del estado de emergencia, se evaluará la situación y se presentará un informe al Congreso para decidir si se mantienen o se modifican algunas de las medidas adoptadas.