En octubre de 2025, la administración Trump anunció sanciones económicas contra el presidente Gustavo Petro, incluyéndolo en la lista Clinton. La medida, que afecta también a su familia y a altos funcionarios, ha provocado una fuerte respuesta de Petro desde la Plaza de Bolívar, mientras se intensifica la disputa bilateral.
Antecedentes y anuncio de sanciones
El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, publicó el 22 de octubre de 2025 una serie de sanciones financieras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios miembros de su entorno cercano. La medida incluye la inclusión de Petro en la llamada “Lista Clinton”, que restringe el acceso a transacciones financieras internacionales.
Motivaciones estadounidenses
Washington justificó la acción alegando presuntas irregularidades en la lucha contra el narcotráfico y la supuesta vulnerabilidad a organizaciones criminales. Las autoridades estadounidenses también señalaron preocupaciones sobre la gestión de los derechos humanos y la estabilidad institucional en Colombia.
Respuesta de Petro y la comunidad política colombiana
Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Petro emitió un contundente comunicado: “Nunca he cedido a propuestas mafiosas” y denunció la medida como una “intervención indebida” que busca desestabilizar su gobierno. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, en tono irónico, respondió a los críticos estadounidenses con la frase “Gringos go home“.
Impacto económico y político
Las sanciones restringen la capacidad de Petro y su familia para operar en el sistema financiero global, lo que podría complicar la financiación de proyectos del gobierno y afectar la confianza de inversionistas extranjeros. Además, la medida pone en riesgo la cooperación bilateral en temas de seguridad y comercio.
Repercusiones internacionales
Esta decisión llega en medio de una relación ya tensa entre ambos países, que ha sido marcada por disputas sobre la política de drogas, derechos humanos y la agenda de desarrollo. Analistas internacionales advierten que la escalada podría afectar la estabilidad regional y los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.