Una triple violación de los derechos humanos sacudió Florencio Varela en octubre de 2025. Las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho sospechosos y la Fiscalía de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de La Matanza pidieron su prisión preventiva, además de solicitar que el caso sea trasladado al fuero federal por la gravedad del delito.
Hechos del triple femicidio
En un barrio residencial de Florencio Varela (Gran Buenos Aires) se descubrieron los cuerpos sin vida de tres mujeres, víctimas de un brutal asesinato que ha sido calificado por la UFI como un acto de “desprecio por la vida” y “sed de prolongar la agonía”. Los hechos se conocieron a mediados de octubre de 2025, cuando vecinos alertaron a la policía tras notar un ambiente sospechoso en la vivienda donde se produjo el crimen.
Detención y medidas judiciales
Tras la investigación preliminar, la fiscalía detuvo a ocho individuos vinculados al caso, entre los que se encuentra el presunto autor conocido como “Pequeño J”. Las autoridades solicitaron la prisión preventiva de los ocho imputados y presentaron un pedido formal para que la causa sea remitida al fuero federal, argumentando la complejidad del caso y la posible existencia de una organización delictiva.
La investigación de la UFI de La Matanza
La Unidad Fiscal de Investigación de Homicidios de La Matanza está a cargo de la causa. En sus pronunciamientos describen cómo los agresores actuaron con violencia extrema, dejando múltiples lesiones y manchas de sangre en la vivienda, lo que evidencia una intención de infligir sufrimiento prolongado.
Contexto y repercusión social
Este episodio se suma a una creciente ola de violencia de género en la zona sur del Gran Buenos Aires, que ha despertado la preocupación de organizaciones de derechos humanos y autoridades locales. La comunidad exige respuestas contundentes y políticas de prevención más efectivas.
Próximos pasos judiciales
El tribunal de primera instancia decidirá sobre la prisión preventiva y la remoción al fuero federal en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía mantiene la mirada puesta en la justicia y en la garantía de que los responsables paguen por sus actos.