El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y a varios miembros de su familia, acusándolos de vínculo con el narcotráfico, provocando una fuerte tensión diplomática entre ambos países.
Detalle de las sanciones
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció la designación de Gustavo Petro y de varios familiares cercanos bajo la Ley de Poderes Económicos Alternativos (AEPA). Las medidas incluyen el bloqueo de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con entidades estadounidenses.
Motivación de la medida
Según el comunicado oficial, la acción se basa en acusaciones de que Petro y su familia estarían vinculados a redes de narcotráfico y narcoterrorismo que operan en zonas del país. La acusación se apoya en investigaciones que, según Washington, demuestran la financiación de grupos armados a través de actividades ilícitas.
Repercusiones diplomáticas
La medida ha generado una respuesta enérgica del Gobierno colombiano. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, calificó la decisión como una “intervención injustificada” y reiteró que Colombia mantendrá su soberanía ante lo que describió como un intento de “presión externa”.
Contexto histórico
Esta no es la primera vez que EE.UU. impone sanciones a funcionarios colombianos. En años anteriores, se habían señalado casos relacionados con corrupción y lavado de dinero, pero la acusación de narcotráfico eleva la gravedad del asunto.
Impacto interno
En Colombia, la noticia ha polarizado a la opinión pública. Mientras algunos sectores cuestionan la veracidad de las acusaciones, otros expresan preocupación por las posibles consecuencias económicas que el bloqueo de activos pueda generar.
Próximos pasos
El gobierno colombiano ha anunciado que presentará los recursos legales correspondientes ante el Departamento del Tesoro y que buscará apoyo de organismos internacionales para contrarrestar la medida.