El expresidente Jair Bolsonaro interpuso recurso contra la sentencia de 27 años de prisión que le impuso la Corte Suprema por conspirar contra la democracia, mientras enfrenta presiones políticas y graves problemas de salud que podrían influir en el proceso judicial.
Antecedentes judiciales
En julio de 2025 la Corte Suprema de Brasil encontró a Bolsonaro culpable de ocho cargos relacionados con conspiración, incitación a la violencia y asociación ilícita para intentar un golpe de Estado. La sentencia, firmada el 9 de julio de 2025, estableció una pena total de 27 años de prisión, la más alta en la historia reciente del país para un ex presidente.
La apelación
El 24 de octubre de 2025 el exmandatario presentó un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal Federal (STF), argumentando que la sentencia vulnera sus derechos constitucionales y que la gravedad de los cargos ha sido sobrevalorada. La defensa, liderada por el abogado José Eduardo Cardoso, solicitó que se reduzca la condena y se suspenda la ejecución mientras se resuelve el recurso.
Presiones políticas y contexto electoral
El caso se enmarca en un clima político altamente polarizado. El presidente Luis Inácio Lula da Silva, que asumió en 2023, ha reiterado su compromiso con la defensa de la democracia y ha señalado que la sentencia es un mensaje claro contra intentos de subversión. Con las elecciones presidenciales de 2026 a la vuelta de la esquina, los partidarios de Bolsonaro intensifican la presión para que el proceso judicial se dilate.
Problemas de salud del exmandatario
Desde 2024, Bolsonaro ha sido tratado por un cáncer de colon que requiere quimioterapia periódica. Sus abogados argumentan que su estado de salud hace inviable el cumplimiento inmediato de la pena y piden que se le conceda la posibilidad de cumplir la condena bajo régimen de arresto domiciliario o en un centro médico especializado.
Posibles escenarios
El STF tiene hasta el 30 de enero de 2026 para pronunciarse sobre la apelación. Si la sentencia se mantiene, Bolsonaro podría iniciar el cumplimiento de la pena a finales de 2026, una vez finalizado su mandato como senador. En caso de reducción o suspensión, la figura política seguiría ejerciendo influencia desde el Congreso.
Reacciones internacionales
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han seguido de cerca el proceso, subrayando la importancia de garantizar un juicio justo y respetar los derechos humanos, incluso en casos de presuntos crímenes contra la democracia.