El 25 de junio de 2024 se inició en el Tribunal de París el proceso judicial contra diez personas acusadas de difundir la teoría conspirativa que afirma que la primera dama francesa, Brigitte Macron, sería en realidad un hombre. El caso, que ha captado la atención mundial, pone de relieve la lucha contra la desinformación y el ciberacoso en la esfera política.
Antecedentes de la polémica
Desde mediados de 2021 circuló en redes sociales la teoría conspirativa que sostenía que Brigitte Macron había sido asignada al sexo masculino al nacer y que había mantenido una identidad de género oculta. La hipótesis, sin fundamento, fue propagada por varios canales digitales y generó una ola de acoso y ataques dirigidos a la primera dama.
Los acusados y los cargos
El juzgado identificó a diez personas, entre ellas a la periodista y activista Amandine Roy y a la investigadora Natacha Rey, como principales difusoras del mensaje. Se les imputó delito de difamación pública, incitación al odio y ciberacoso con motivación transfóbica.
Procedimiento judicial
El juicio, presidido por el juez Denis Lenoir, se abrió el 25 de junio de 2024 en la sala de Audiencias del Tribunal de París. Los acusados pueden enfrentar multas de hasta 12 000 euros y penas de prisión que pueden llegar a un año, según la legislación francesa sobre difamación y discurso de odio.
Reacciones institucionales
El presidente Emmanuel Macron, a través de su gabinete, manifestó que la decisión judicial envía un mensaje claro contra la propagación de información falsa y la violencia verbal dirigida a figuras públicas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han subrayado la importancia de proteger a las personas de campañas de desinformación online.
Contexto global
Este caso se inscribe en una tendencia creciente en Europa, donde varios gobiernos están reforzando la legislación contra la desinformación y el acoso digital, especialmente cuando afecta a representantes políticos y sus familiares.