El financiador de litigios Burford Capital ha presentado una demanda en Nueva York para cobrar cerca de **USD 18.000 millones** a Argentina, vinculada al arbitraje de YPF que ya había generado una sentencia de **USD 16.100 millones**. La medida intensifica la disputa legal que enfrenta al país en los tribunales internacionales.
Antecedentes del conflicto
Argentina fue condenada en 2022 por un tribunal de arbitraje internacional a pagar **USD 16.100 millones** al estado boliviano por la expropiación del 51 % de YPF, la mayor compañía de energía del país. La sentencia, dictada bajo el marco del Acuerdo de Solución de Controversias de la OACI, ha sido objeto de múltiples recursos.
Burford Capital y la financiación de litigios
Burford Capital, firma estadounidense especializada en financiar procesos judiciales, adquirió la posición de Argentina en el arbitraje de YPF y ahora reclama USD 18.000 millones en concepto de intereses, costos y honorarios. La solicitud se presentó ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, donde la empresa busca que el tribunal reconozca su derecho a cobrar el monto total.
Respuesta del gobierno argentino
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la defensa del Estado han anunciado que Argentina continuará apelando todas las decisiones adversas y que está evaluando estrategias para “anular” la condena, según declaraciones del canciller y del subsecretario de Asuntos Legales. En los últimos días, funcionarios describieron la demanda de Burford como una “última carta” en una larga batalla judicial.
Implicancias económicas y políticas
Una posible condena de $18 mil millones tendría un impacto significativo en las finanzas públicas, considerando que la deuda externa de Argentina supera los $300 mil millones. Además, la disputa pone de relieve el uso creciente de la financiación de litigios por parte de terceros, una práctica que ha generado críticas y polémicas en el ámbito internacional.
Próximos pasos
La Corte de Apelaciones de Nueva York tiene prevista una audiencia preliminar para el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, Argentina sigue negociando con sus acreedores y con el Fondo Monetario Internacional para buscar alternativas que mitiguen el efecto de la posible condena.