Una investigación de la Fiscalía de Salta culminó con la captura de un oficial de la Policía Federal acusado de poseer y difundir más de 60 000 videos y fotos de abuso sexual infantil, provocando un fuerte repudio social y evidenciando el crecimiento de la ciberdelincuencia contra menores en la región.
Operativo policial y hallazgos técnicos
El pasado 1 de noviembre de 2025 la Fiscalía Provincial de Salta, en coordinación con la División Anticorrupción y la unidad de ciberdelincuencia del Ministerio de Seguridad, detuvo a un agente de la Policía Federal mientras realizaba una inspección domiciliaria. En el inmueble del detenido se hallaron más de 60 000 archivos – entre videos y fotografías – que documentaban el abuso sexual de menores.
Detalles de la evidencia
El equipo pericial confirmó que los contenidos estaban almacenados en discos duros externos y en la memoria interna de varios dispositivos móviles. Las fechas de los archivos oscilan entre 2018 y 2024, indicando una actividad prolongada y sistemática. La investigación también descubrió evidencia de que el agente habría compartido parte de ese material a través de plataformas de mensajería encriptada.
Implicaciones legales
El detenido fue imputado bajo los artículos 128 y 131 del Código Penal argentino, que sancionan la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Además, se le acusa de abuso de autoridad por haber utilizado su posición dentro de la fuerza pública para facilitar la recopilación y difusión del material.
Contexto y reacción social
Este caso se suma a una tendencia creciente de crímenes cibernéticos contra menores en Argentina. Según datos del Ministerio de Seguridad, los denuncios de abuso sexual en línea aumentaron un 27 % en los últimos dos años. Organizaciones de derechos infantiles, como la Fundación Huellas, han pedido una mayor capacitación de los cuerpos de seguridad y la creación de unidades especializadas para combatir la pedofilia digital.
Próximos pasos
El proceso judicial está previsto que comience en la próxima semana, con la posibilidad de que el agente enfrente una pena de cárcel que puede superar los 30 años, según la gravedad de los delitos. Mientras tanto, la Fiscalía continúa analizando los dispositivos incautados para identificar posibles redes de distribución y otras personas involucradas.