La conductora y productora de TV, Juana Tinelli, denunció una amenaza grave contra ella y su familia, solicitó la instalación de un botón antipánico y reveló la estrategia legal de sus representantes. La polémica incluye la identificación de un empresario afín a un conflicto familiar y la petición de medidas de protección urgente.
Contexto de la denuncia
El 30 de octubre de 2025 la popular presentadora argentina Juana Tinelli presentó formalmente una denuncia por amenazas a la Fiscalía Federal. El mensaje, recibido por medio de una aplicación de mensajería instantánea, contenía insinuaciones de violencia dirigidas tanto a la propia Tinelli como a los integrantes de su núcleo familiar.
Qué es un “botón antipánico”
El llamado «botón antipánico» es un dispositivo de seguridad que, al ser activado, envía una alerta automática a los cuerpos de seguridad del Estado y a una central de emergencias. Su objetivo es reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo inminente. En Argentina, su uso está regulado por la Ley de Protección Integral a la Mujer y por la normativa de seguridad privada.
Petición de medida de seguridad
Ante la amenaza, Tinelli solicitó que se le instalara dicho dispositivo en su domicilio y en los lugares donde realiza sus actividades profesionales. La solicitud fue acompañada de un pedido de vigilancia policial permanente mientras se esclarece la autoría del mensaje.
Reacción de los abogados
Los abogados de la conductora, la abogada penalista María Fernanda Lía y el letrado Gabriel Ocampo, declararon que la amenaza constituye un delito de “amenaza agravada” y que, por la inclusión de la familia, se trata de una modalidad de “coerción psicológica”. En prensa señalaron que la medida del botón antipánico es “innecesaria”, pues la rápida actuación policial ya garantiza la seguridad, pero la aceptaron como “garantía de tranquilidad para la afectada”.
Quien habría emitido la amenaza
En la denuncia, Tinelli nombró a un reconocido empresario del sector inmobiliario que mantiene un conflicto abierto con su padre, el empresario Juan Carlos Paredes. El nombrado negó rotundamente cualquier vínculo con el hecho y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.
Desarrollo de la investigación
La Fiscalía ha abierto una causa preliminar y ha solicitado el rastreo del número de origen del mensaje. Asimismo, se ha ordenado la preservación de los registros de la plataforma de mensajería y la realización de peritajes forenses a fin de identificar al autor.
Reacciones del público y la comunidad
El caso ha generado una gran repercusión en los medios y en las redes sociales, donde la audiencia ha expresado su apoyo a la conductora y ha pedido mayor protección a figuras públicas que reciban este tipo de ataques. Organizaciones de derechos humanos y de lucha contra la violencia de género han señalado la importancia de reforzar mecanismos de seguridad para víctimas de amenazas.