En noviembre de 2025 el Ejecutivo argentino reunió a ministros, representantes sindicales y juristas para discutir una actualización del salario mínimo, vital y móvil. La medida, que busca proteger el poder adquisitivo, genera fuertes debates y ha sido cuestionada por lideres sociales y la justicia.
Convocatoria oficial del Ejecutivo
El presidente anunció una reunión extraordinaria del Consejo del Salario con el objetivo de revisar los montos del salario mínimo, vital y móvil que afectan a millones de trabajadores en todo el país. La cita se realizó a mediados de noviembre de 2025 en la sede del Ministerio de Trabajo, donde se presentaron los indicadores económicos actualizados por el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística.
Contexto económico
La inflación acumulada en los últimos doce meses supera el 120 por ciento, lo que ha erosionado de forma significativa el poder adquisitivo de los salarios más bajos. Según los datos del INDEC, el costo de la canasta básica para una familia de cuatro aumentó en un 95 por ciento en el mismo periodo. Ante este escenario, el Gobierno propone un ajuste del 30 por ciento para el salario mínimo, mientras que el vital y el móvil recibirían incrementos del 25 y 20 por ciento respectivamente.
Reacciones del sector sindical y político
Los dirigentes sindicales recibieron la convocatoria con cautela. Hugo “Cachorro” Godoy, militante de la Central de Trabajadores, calificó la propuesta de “un intento de desfondar la dignidad de los trabajadores” y exigió que la discusión incluya a los gremios más vulnerables. Por su parte, la ministra de Trabajo subrayó la necesidad de equilibrar la estabilidad macroeconómica con la protección social.
Intervención judicial
El mismo día, la Justicia federal intimó al ministro de Trabajo, José Pettovello, a explicar por qué no había emitido una convocatoria previa al Consejo del Salario, tal como lo establece la Ley 23.551. La medida busca garantizar la transparencia del proceso y el cumplimiento de los plazos legales.
Próximos pasos
Se espera que el Consejo del Salario defina los nuevos valores antes de finalizar el año, lo que permitiría su publicación oficial a comienzos de 2026. El resultado de la negociación será crucial para la política monetaria y para la agenda de protección social del Gobierno.