La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia contra un exfuncionario de la administración del exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por delito de abuso sexual. La decisión, emitida el 5 de noviembre de 2025, revalida la pena de prisión impuesta en instancias inferiores y reaviva el debate sobre la responsabilidad política y la protección de los derechos de las víctimas.
Antecedentes del caso
En 2023, un exfuncionario que había ocupado cargos en la gestión del exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (mandato 2015‑2019), fue procesado por abuso sexual. El tribunal de primera instancia dictó una pena de prisión, la cual fue confirmada en segunda instancia, generando un amplio seguimiento mediático y social.
Decisión de la Corte Suprema
El 5 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió confirmar la condena, sin modificar la pena ni los antecedentes penales del procesado. El fallo subraya la gravedad del delito y la necesidad de aplicar la ley de manera uniforme, independientemente de la posición política del acusado.
Fundamentos legales
El tribunal recordó que el delito de abuso sexual está tipificado en el Código Penal argentino (artículo 119) y que la jurisprudencia reciente ha reforzado la protección de las víctimas, estableciendo criterios claros para la valoración de pruebas y la imposición de sanciones.
Repercusiones políticas y sociales
La condena reafirma la postura de las autoridades judiciales frente a conductas delictivas cometidas por funcionarios públicos. Además, reaviva el debate sobre la ética y la responsabilidad en la gestión pública, especialmente en provincias donde la confianza institucional se ha visto afectada por escándalos de corrupción y abuso.
Organizaciones de derechos humanos y de defensa de las víctimas aplaudieron la decisión, considerándola un paso importante para garantizar la dignidad y la seguridad de la ciudadanía.
Contexto en Mendoza
Mendoza ha vivido una serie de controversias judiciales vinculadas a la gestión pública de los últimos años. Este caso destaca la importancia de la independencia judicial y la necesidad de mantener mecanismos de control que eviten la impunidad.