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Escándalo en Uruguay: Funcionario usa despacho público para encuentros sexuales

Una fotografía de una mujer desnuda, capturada en el interior de una oficina gubernamental uruguaya, reveló que un alto funcionario utilizaba el espacio para mantener relaciones íntimas. El propio agente admitió los hechos y fue separado de su cargo por la ASSE.

La filtración que encendió la polémica

En los últimos días de septiembre de 2025 circuló en redes sociales una fotografía que mostraba a una mujer parcialmente desnuda sobre una mesa de trabajo en un edificio público de Montevideo. La imagen, de origen desconocido, fue acompañada por comentarios que señalaban un uso inapropiado del despacho.

Admisión del funcionario

El 2 de octubre de 2025 el propio funcionario involucrado, que ocupaba un puesto de alto nivel en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), confirmó en una entrevista que efectivamente utilizaba la oficina para encuentros sexuales. Declaró que la foto se había filtrado sin su autorización y pidió disculpas a la ciudadanía.

Respuesta institucional

Ante la confesión, la ASSE abrió una investigación interna y, el 4 de octubre de 2025, emitió un comunicado oficial anunciando la separación del cargo del funcionario, quien fue desvinculado del organismo con efecto inmediato. La entidad destacó que se tomarán medidas para garantizar la integridad de los espacios públicos y evitar futuros abusos.

Contexto y repercusión

El caso ha reavivado el debate sobre la ética en la función pública y la necesidad de protocolos de vigilancia en los edificios estatales. Organizaciones de la sociedad civil uruguaya exigen una revisión de los accesos y una mayor transparencia en la gestión de los recursos institucionales.

¿Qué implica este escándalo?

El uso de instalaciones públicas para actividades privadas vulnera principios constitucionales de probidad y buen gobierno. Además, puede constituir un delito de abuso de autoridad, según la legislación uruguaya.

Reacciones

Políticos de la oposición han pedido una comisión parlamentaria para investigar el caso, mientras que el presidente de la República ha manifestado su rechazo a cualquier conducta que menoscabe la confianza ciudadana en las instituciones.