La polémica entre la conductora y periodista Lizy Tagliani y la empresaria Viviana Canosa volvió a los titulares: el juicio penal quedó suspendido y Tagliani insiste en un debate público y una retractación oficial. Ambas partes se enfrentan ahora en la arena mediática, mientras la justicia evalúa los motivos de la suspensión.
Contexto de la disputa
Lizy Tagliani y Viviana Canosa se ven envueltas en una controversia que comenzó a finales de 2024 cuando Tagliani acusó públicamente a Canosa de difamación. La acusación derivó en una denuncia penal que, según los informes de La Nación y Clarin.com, se hubiera convertido en un proceso judicial largo y costoso.
Suspensión del juicio penal
El 28 de octubre de 2025 el juez responsable del caso decretó la suspensión del juicio penal. La decisión se basó en la constancia de que Viviana Canosa había abonado la totalidad de las multas derivadas del proceso, lo que según la legislación argentina puede conllevar la extinción de la acción penal por razón de pago de la pena pecuniaria.
Motivos de la suspensión
- Canosa pagó todas las multas impuestas.
- El pago se interpretó como reconocimiento de la obligación civil, lo que permite al tribunal cerrar la causa penal.
- El Ministerio Público solicitó la suspensión para evitar un proceso que ya había sido resuelto económicamente.
Reacción de Lizy Tagliani
Tagliani manifestó que, a pesar de la suspensión, exige un debate público y una retractación oficial de Canosa. En una entrevista concedida a Filo News, la conductora declaró: “Queremos el debate y la retractación pública, no solo una solución económica”.
Posición de Viviana Canosa
Canosa, por su parte, declaró estar arrepentida de haber iniciado la denuncia contra Tagliani. En declaraciones recogidas por Diario El Día de La Plata, explicó que el pago de las multas fue una medida para cerrar el conflicto y evitar más desgaste mediático.
Impacto mediático
El caso ha generado una intensa cobertura en los medios de comunicación y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los personajes públicos en sus conflictos personales. Analistas de La Voz del Interior señalan que la suspensión del juicio no implica una absolución, sino una clausura administrativa que deja la cuestión de la reputación en manos de la opinión pública.