La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó el reclamo presentado por la provincia de Chubut contra el gobierno nacional, alzando la voz sobre la controversia del dominio y la concesión de la represa hidroeléctrica Futaleufú, un conflicto que pone en juego la soberanía provincial y la gestión de recursos energéticos.
Antecedentes del litigio
La provincia de Chubut interpuso una demanda contra el Estado nacional alegando que la concesión otorgada para la construcción y explotación de la represa Futaleufú vulnera la jurisdicción provincial y el marco ambiental vigente. El proyecto hidroeléctrico, ubicado en la cuenca del río Futaleufú, ha sido objeto de debate entre el sector público, privado y organizaciones ecologistas.
Decisión de la Corte Suprema
El 5 de noviembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible la acción de la provincia, lo que implica que el máximo tribunal analizará la constitucionalidad de la concesión y el alcance del dominio sobre la obra. La medida se calificó como “habilitación del reclamo” y “intervención judicial” por diversos medios.
Repercusión mediática
Diferentes publicaciones informaron el hecho: Infobae, La Nación, Perfil, Letra P y Revista Quórum reiteraron que la Corte abrió etapa de estudio para dirimir la disputa entre la autoridad provincial y el gobierno central.
Conceptos clave
- Reclamo: Acción judicial que busca la revisión de una decisión o medida administrativa.
- Concesión: Autorización otorgada por el Estado para que un particular o empresa ejecute obra pública o explote un recurso.
- Dominio: En este contexto, se refiere al control jurídico y administrativo sobre la represa.
- Represa Futaleufú: Obra hidroeléctrica proyectada sobre el río Futaleufú, en la Patagonia argentina, cuyo objetivo es generar energía renovable pero que también plantea desafíos ambientales y de gobernanza territorial.
Próximos pasos
La Corte Suprema fijará una fecha para la audiencia de partes y presentará sus fallos una vez analizada la legislación constitucional y la normativa ambiental aplicable. El resultado determinará si la provincia mantendrá el control sobre el proyecto o si la concesión nacional seguirá vigente.