El proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Javier Milei en noviembre de 2025 mantiene intactas las indemnizaciones, pero introduce salarios dinámicos, convenios por empresa y una nueva regulación del derecho de huelga. La medida, que también destina fondos a obras sociales, genera intensos debates dentro del oficialismo y sectores productivos.
Principales cambios de la reforma laboral
El texto aprobado en noviembre de 2025 mantiene sin modificaciones el régimen de indemnizaciones por despido, una de las demandas más fuertes de los sindicatos. Sin embargo, introduce tres ejes estructurales:
- Salarios dinámicos: se permite la indexación automática del sueldo según indicadores macroeconómicos, como la evolución del IPC o la productividad de la empresa.
- Convenios por empresa: se prioriza la negociación directa entre cada compañía y sus trabajadores, reduciendo la obligatoriedad de los convenios sectoriales.
- Derecho de huelga: se mantiene, pero con requisitos de notificación más estrictos y la posibilidad de que el presidente de la República autorice la suspensión parcial de la huelga en casos de “riesgo para la seguridad nacional”.
Financiamiento de obras sociales
Según la La Nación, el proyecto incorpora un fondo de 12.000 millones de pesos destinado a obras sociales, con la intención de reducir la carga fiscal sobre las empresas y, al mismo tiempo, mejorar la cobertura de salud de los trabajadores.
Reacciones dentro del oficialismo
El proyecto no está exento de tensiones internas. La Política Online señaló que la ministra de Trabajo, Gabriela Sturzenegger, y el secretario de Coordinación Económica, Ricardo Pettovello, han mostrado reservas sobre la velocidad de los cambios y la posible “edulcoración” del borrador original.
Impacto en sectores críticos
El sector turismo, representado por Aldo Elías de Perfil, advierte que sin una reforma impositiva y laboral profunda, la competitividad del país seguirá en retroceso, pese a los efectos positivos esperados de la flexibilización laboral.
Contexto y próximos pasos
La reforma forma parte de un paquete más amplio que incluye modificaciones en impuestos y justicia, según el análisis de Chequeado. El proyecto será debatido en el Congreso durante las próximas dos semanas, y su sanción definitiva dependerá del voto de los bloques mayoritarios.