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Justicia congela los activos de Hayden Davis y operadores cripto vinculados al caso $LIBRA

Un fallo judicial argentino ordenó el bloqueo de los bienes de Hayden Davis y de dos presuntos operadores de una red cripto conocida como “cueva”, involucrados en el esquema fraudulento alrededor del token $LIBRA. La medida busca frenar el lavado de dinero y proteger a los inversores afectados.

Antecedentes del caso $LIBRA

El token $LIBRA, lanzado a finales de 2023, prometía altas rentabilidades mediante un modelo de inversión descentralizado. Sin embargo, investigaciones de la Fiscalía Económica revelaron que el proyecto era una fachada para un esquema Ponzi que dejó a miles de usuarios sin sus fondos.

Decisión judicial

El 19 de octubre de 2025, el Juzgado de la Sección Económica del Distrito Federal dictó una orden de medida cautelar que dispone el congelamiento de los activos de Hayden Davis, ciudadano estadounidense residente en Argentina, y de dos individuos identificados como operadores de una “cueva” cripto que facilitaba la circulación de los fondos del esquema $LIBRA.

La medida incluye cuentas bancarias, inmuebles y criptomonedas bajo control de los investigados, con el objetivo de impedir la extracción o transferencia de recursos mientras se profundiza la investigación.

¿Qué es una “cueva” cripto?

El término se utiliza para describir plataformas o entornos offline donde se guardan y operan criptomonedas de forma anónima, dificultando su rastreo por las autoridades. En este caso, la cueva habría servido como punto de paso para el dinero ilícito antes de ser lavado a través de exchanges y cuentas tradicionales.

Implicancias para el sector financiero

El congelamiento marca un precedente importante en la lucha contra el lavado de dinero en criptomonedas en Argentina. Las autoridades han señalado que se reforzarán los controles y la cooperación internacional con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Próximos pasos

La Fiscalía continuará recopilando pruebas para presentar cargos formales contra los implicados. Mientras tanto, los activos permanecen bajo custodia del Estado, y se espera que el proceso judicial se extienda durante los próximos meses.