La Corte Suprema confirmó el 11 de noviembre de 2025 la condena a cuatro años de prisión del ex ministro Julio De Vido por su responsabilidad en el accidente ferroviario de Once de 2012, y ordenó un juicio oral para decidir si cumplirá la pena en la cárcel o bajo arresto domiciliario.
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El 11 de noviembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia que condena al ex superministro Julio De Vido a cuatro años de prisión por los delitos de homicidio culposo y omisión del deber de cuidado en la tragedia del tren de Once.
Antecedentes de la tragedia
El 22 de febrero de 2012, un tren de la compañía Ferrocarriles Argentinos se estrelló contra la mural de la estación Once de Septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, provocando 51 muertos y más de 700 heridos. La investigación determinó graves fallas en la infraestructura y en la gestión del Estado.
Proceso judicial contra De Vido
Julio De Vido, quien se desempeñó como Ministro de Planificación Federal bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue imputado en 2018 por su rol en la falta de inversión y supervisión del sistema ferroviario. En 2022 fue condenado a cuatro años de prisión, decisión que recurrió ante la Corte Suprema.
Decisión de la Corte Suprema
La máxima autoridad judicial confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, revalidando los cargos y la pena. Sin embargo, estableció que la ejecución de la condena será determinada en un juicio oral que se celebrará en la próxima semana, donde se evaluará la posible aplicación de la prisión domiciliaria por razones de salud.
Próximos pasos
El tribunal oral, integrado por cinco jueces de la Corte, escuchará testimonios de peritos médicos y de la defensa de De Vido para decidir si el ex ministro ingresará a una cárcel regular o cumplirá la pena bajo arresto domiciliario. La audiencia está prevista para el 20 de noviembre de 2025.
Repercusiones políticas y sociales
La confirmación de la condena refuerza la demanda de justicia por parte de las víctimas y sus familiares, que llevan más de una década reclamando responsabilidad estatal. El caso también alimenta el debate sobre la impunidad política y la necesidad de reformas estructurales en el sistema ferroviario argentino.