En noviembre de 2025 el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Pichetto, anunció un proyecto de ley que impondrá un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de plataformas de moda rápida como Shein y Temu, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y frenar la fuga de divisas.
Contexto y motivación
Las compras online de ropa a través de plataformas chinas han crecido de forma explosiva en los últimos años. Según datos de la Cámara Argentina de Indumentaria, el 45 % de los comercios de moda reporta una caída de sus ventas frente a la competencia de Shein y Temu, mientras que el desempleo en el sector supera el 10 %.
La propuesta de Picchio
Durante una rueda de prensa en Buenos Aires, el ministro Gustavo Pichetto anunció la intención de presentar al Congreso un proyecto de ley que establecerá un arancel del 30 % a todas las importaciones de productos de estas plataformas, así como a otras apps de comercio electrónico que ofrezcan prendas de vestir, calzado y accesorios sin pasar por distribuidores locales.
El plan también contempla la creación de un registro obligatorio para los importadores de textiles y la exigencia de certificación de origen, con el fin de garantizar que los productos que ingresen cumplen con los estándares de calidad y producción nacional.
Reacciones del sector
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria, calificó la medida como “necesaria” y advirtió que “le estamos dando de comer a los chinos cuando acá hay desempleo”. Por su parte, representantes de Shein y Temu manifestaron que evaluarán la normativa y buscarán alternativas para cumplir con la legislación argentina.
Impacto esperado
Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, la medida podría generar un ahorro de alrededor de US$200 millones anuales en balanza comercial y potencialmente crear más de 15 000 empleos</strong en la cadena productiva local.
Próximos pasos
El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su debate y, de ser aprobado, entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto, el gobierno mantendrá un diálogo abierto con los sectores afectados para minimizar impactos negativos.