Después de 42 días de paralización, la Cámara de Representantes aprobó la legislación que puso fin al cierre gubernamental más extenso de Estados Unidos, una medida firmada por el presidente Donald Trump que reactivó miles de servicios federales y evitó mayores perjuicios económicos.
El cierre que marcó un récord histórico
El 12 de septiembre de 2025, el Congreso de Estados Unidos entró en un “shutdown” tras la falta de acuerdo presupuestario entre la Cámara de Representantes y el Senado, dejando sin fondos a gran parte de la administración federal. La medida se prolongó durante seis semanas, alcanzando los 42 días de inactividad, el periodo más largo registrado desde la fundación del país.
El acuerdo que puso fin al estancamiento
El 23 de octubre de 2025 la Cámara de Representantes aprobó una ley de financiamiento temporal que permitía reabrir los servicios esenciales y restablecer los pagos a los empleados federales. El presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley esa misma noche, desbloqueando los recursos necesarios para reactivar más de 800,000 puestos de trabajo federales.
Repercusiones y cuestionamientos
El cierre generó un profundo debate entre los empleados del gobierno, muchos de los cuales expresaron su inconformidad ante el sacrificio económico y personal que implicó la paralización. Según encuestas realizadas por sindicatos federales, el 68 % de los trabajadores consideran que el cierre no justificó los costos políticos.
Impacto económico y político
Los analistas estiman que el shutdown provocó una pérdida de entre 10 y 15 mil millones de dólares en la economía estadounidense por la interrupción de contratos, retrasos en pagos y la caída de la confianza empresarial. El acuerdo alcanzado también sirvió para aliviar tensiones entre los partidos, aunque persisten diferencias sobre el futuro del gasto público.
Qué sigue para el Congreso
Con el cierre concluido, la atención del Congreso se dirige ahora a la elaboración del presupuesto anual definitivo, que deberá evitar un nuevo impasse antes del 30 de noviembre de 2025, fecha límite establecida por la ley de financiamiento temporal.