Seis ex‑jugadores de rugby, sentenciados por la muerte de Fernando Báez Sosa en 2020, contaron recientemente cómo es vivir en la prisión federal de La Plata. Entre la rutina, el aislamiento y las consecuencias psicológicas, la entrevista revela una realidad cruda y alejada de los focos deportivos.
Contexto del caso
El 14 de febrero de 2020, el joven de 18 años Fernando Báez Sosa fue brutalmente golpeado en la localidad balnearia de Villa Gesell, tras una fiesta. La agresión fue perpetrada por un grupo de jugadores de rugby vinculados al Club Atlético San Isidro (CASI). El caso movilizó a la opinión pública argentina y desencadenó un proceso judicial que culminó en 2023 con la condena de seis de los implicados.
Sentencia y penas
Los seis rugbiers fueron hallados culpables de homicidio agravado y falsedad documental. Cada uno recibió una pena de 15 años de prisión, con un régimen de cumplimiento efectivo y la posibilidad de beneficios por buena conducta. Todos fueron trasladados a la Penitenciaría Federal de La Plata, una institución de alta seguridad que alberga a internos condenados por delitos graves.
Declaraciones desde la cárcel
En una entrevista concedida a varios medios a principios de 2024, los condenados describieron la vida carcelaria como “una prueba constante de resistencia”. Algunos de los puntos más recurrentes fueron:
- Rutina estricta: los internos deben cumplir horarios de actividades laborables, educación y recreación bajo vigilancia permanente.
- Aislamiento social: la mayoría de los reclusos mantiene la distancia de los demás para evitar conflictos internos, lo que genera una sensación de soledad.
- Impacto psicológico: varios confesaron que la culpa y el recuerdo del hecho los persiguen, provocando episodios de ansiedad y depresión.
- Programas de reinserción: la prisión ofrece talleres de capacitación laboral y cursos de educación secundaria, pero el acceso depende de la conducta del interno y de la disponibilidad de cupos.
Reacciones de la familia y la sociedad
La familia de Fernando Báez Sosa ha seguido exigiendo que los condenados cumplan la totalidad de sus penas y que el sistema penitenciario les garantice una vida sin riesgos de fuga o de reincidencia. Organizaciones de derechos humanos han señalado la necesidad de que los internos reciban atención psicológica adecuada, dado el carácter traumático del delito cometido.
Qué sigue
Los rugbiers siguen bajo la supervisión del Servicio Penitenciario Federal y están sujetos a la revisión periódica de sus conductas para determinar posibles beneficios de reducción de condena. Mientras tanto, el caso sigue siendo un referente en el debate argentino sobre la violencia en el deporte y la justicia penal.