El Gobierno de Javier Milei anunció la adjudicación de las primeras concesiones de rutas nacionales, marcando el inicio de la política de privatización de infraestructura vial. Entre los beneficiarios se encuentran empresas locales que asumirán la gestión de importantes tramos, incluido el estratégico puente Rosario‑Victoria.
Contexto de la medida
Desde su asunción, el presidente Javier Milei impulsó una agenda de liberalización económica que incluye la privatización de activos públicos. La infraestructura vial, considerada clave para la competitividad del país y el comercio del Mercosur, fue uno de los primeros sectores en entrar en el proceso de licitación.
Las rutas adjudicadas
El Ministerio de Transporte publicó la lista de los tramos que pasaron a manos de la iniciativa privada. Las concesiones incluyen:
- Ruta Nacional 9, el corredor que conecta Buenos Aires con Rosario y Córdoba.
- Ruta Nacional 3, eje que recorre la costa atlántica hasta la zona sur del país.
- Ruta Nacional 12, vía que une el centro del país con la frontera paraguaya.
- Ruta Nacional 14, importante enlace del Nordeste.
- Ruta Nacional 30, tramo que facilita el tráfico entre la región pampeana y la zona oeste.
- Puente Rosario‑Victoria, pieza clave del cruce fluvial sobre el río Paraná.
Empresas ganadoras
Los procesos de licitación fueron evaluados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Secretaría de Infraestructura. Las adjudicaciones fueron otorgadas a consorcios liderados por empresas con experiencia en la gestión y mantenimiento de carreteras, infraestructura portuaria y puentes. Entre ellas destacan:
- Un consorcio encabezado por Empresa X, especializada en proyectos de gran escala en América Latina.
- El grupo Empresa Y, con trayectoria en la construcción y operación de autopistas de peaje.
- La firma local Empresa Z, que ya administra varios corredores de carga en la región del Mercosur.
Los nombres completos y la estructura societaria de cada consorcio pueden consultarse en los boletines oficiales publicados el 15 de noviembre de 2025.
Implicancias económicas y sociales
Esta primera oleada de privatizaciones busca:
- Mejorar la calidad y seguridad de la red vial mediante inversiones privadas estimadas en más de US$ 1 mil millones a lo largo de los próximos diez años.
- Descongestionar el gasto público, permitiendo al Estado destinar recursos a áreas consideradas prioritarias como salud y educación.
- Fomentar la integración regional al garantizar un flujo más ágil de mercancías entre los países del Mercosur.
Los críticos señalan la necesidad de establecer mecanismos de control que aseguren tarifas justas y la continuidad del mantenimiento, mientras que los defensores consideran que la medida impulsa la competitividad del país.
Próximos pasos
Las empresas adjudicatarias deberán presentar sus planes de inversión y mantenimiento durante los próximos 30 días, después de lo cual la autoridad reguladora autorizará la puesta en marcha de los proyectos. Se espera que las obras de modernización comiencen a finales de 2025 y se extiendan hasta 2035.