Por mayoría, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado negó el pliego de nombramiento de Lorena Villaverde, lo que obliga al pleno a decidir en sesión si la funcionaria podrá asumir su cargo, en medio de una fuerte oposición política.
Rechazo del pliego por la Comisión de Asuntos Constitucionales
El 18 de noviembre de 2025 la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó, por mayoría, el rechazo al pliego de nombramiento presentado para Lorena Villaverde. El pliego es el documento que, según la Constitución argentina, autoriza a un ministro o titular de un organismo estatal a ejercer sus funciones.
¿Qué implica el rechazo?
Al no obtener la aprobación de la comisión, el nombramiento queda suspendido y pasa a ser debatido por el pleno del Senado. En la práctica, la decisión final se tomará en la siguiente sesión del recinto, donde los senadores votarán si Villaverde puede asumir o no el cargo que le ha sido asignado por el presidente.
Contexto político
La oposición, integrada mayoritariamente por la coalición de centroderecha, mostró unidad en su rechazo, argumentando que la designación no cumplía con los requisitos de idoneidad y transparencia exigidos por la Constitución. Por su parte, el gobierno intentó impulsar la medida argumentando la necesidad de contar con la experiencia de Villaverde en el sector, pero no logró convencer a la mayoría de los legisladores.
¿Qué es un pliego?
El pliego de nombramiento es una constancia oficial que debe ser aprobada por el Senado antes de que cualquier autoridad designada por el Poder Ejecutivo pueda ejercer su cargo. Su aprobación garantiza el control y la legitimidad del poder legislativo sobre los nombramientos de alto nivel.
Próximos pasos
El calendario indica que la votación en el pleno se realizará en la próxima sesión ordinaria del Senado, prevista para el 27 de noviembre de 2025. Mientras tanto, la oposición ha anunciado que presentará recursos de impugnación y continuará presionando para que el presidente presente un nuevo candidato.
La decisión final será observada de cerca tanto por los partidos políticos como por la ciudadanía, ya que marcará un precedente sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la designación de autoridades clave.