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Escándalo ANDIS: Funcionaria de Economía oculta USD 700 mil y declara solo USD 45 mil

Una alta funcionaria del Ministerio de Economía de Argentina fue descubierta con US$ 700 000 en efectivo en su domicilio, mientras en su declaración jurada solo reportó un patrimonio de US$ 45 000. El caso provocó su renuncia, una investigación judicial y la controversia sobre la respuesta del Gobierno.

El hallazgo que sacudió al Ministerio de Economía

La justicia argentina, tras una inspección domiciliaria, encontró USD 700 mil ocultos en la residencia de una funcionaria de la Dirección Nacional de Servicios de Información (ANDIS) del Ministerio de Economía. En su declaración jurada del año anterior, la empleada había registrado únicamente USD 45 mil como patrimonio.

Renuncia y declaraciones

Ante la evidencia, la funcionaria presentó su renuncia al puesto, argumentando que el dinero le había sido prestado y que no había incumplido la normativa de bienes. La medida fue confirmada por varios medios locales a principios de noviembre de 2025.

Reacción del Poder Ejecutivo

El gabinete encabezado por el presidente declaró que, a pesar de la gravedad del caso, no se procederá a la destitución automática de los funcionarios vinculados al escándalo. Según el comunicado oficial, “se respetará el avance de los procesos judiciales y se mantendrá la estabilidad institucional”.

Vínculos políticos y el caso Ornella Calvete

El escándalo ganó mayor relevancia al relacionarse con Ornella Calvete, ex‑jefa de gabinete del Ministerio de Economía. Mensajes de texto y chats filtrados muestran conversaciones que la vinculan a la gestión de fondos y a la red de contactos dentro del movimiento libertario que apoya al Ejecutivo. Además, se identificaron montos significativos de dólares en su propia vivienda.

Implicancias y próximos pasos

El caso abre la puerta a posibles investigaciones ampliadas sobre la gestión patrimonial de funcionarios de alto nivel. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que continuará revisando las cuentas y los bienes de los intervinientes, mientras la sociedad civil demanda mayor transparencia.