A comienzos de noviembre de 2025 el Ejecutivo anunció que dos consorcios privados asumirán la gestión y modernización de la estratégica ruta del Mercosur, marcando la primera privatización de infraestructura vial en la era Milei y generando expectativas de inversión y mejora del tráfico transfronterizo.
Contexto y alcance de la decisión
El gobierno nacional comunicó que, como parte de su programa de reactivación del sector de transportes, dos consorcios privados recibirán la concesión de la ruta del Mercosur, una arteria esencial que conecta la zona norte del país con los principales puertos y fronteras de Brasil, Uruguay y Paraguay. La medida representa la primera privatización de rutas bajo la administración del presidente Javier Milei.
¿Qué implica la concesión?
Los adjudicatarios serán responsables de la rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura durante un plazo de 30 años, con la obligación de invertir alrededor de 2.500 millones de dólares en obras de pavimentación, señalización y sistemas de peaje. Además, deberán garantizar la seguridad vial y la integración con los corredores logísticos del Mercosur.
Importancia estratégica
La ruta del Mercosur es clave para el comercio exterior argentino, ya que soporta más del 40 % del tráfico de carga destinada a los mercados vecinos. Su modernización busca reducir los costos de transporte, mejorar la competitividad de la producción nacional y fortalecer la conectividad del bloque regional.
Reacciones y perspectivas
Los sectores empresariales y de transporte han recibido la noticia con optimismo, señalando la oportunidad de atraer mayor inversión privada y acelerar la puesta en marcha de obras que llevan años pendientes. Por su parte, algunos grupos sindicales y organizaciones de la sociedad civil han pedido que se garantice la accesibilidad y se eviten aumentos excesivos del peaje.
Próximos pasos
En los próximos días el Ejecutivo firmará los contratos y establecerá los lineamientos regulatorios que regirán la concesión. Asimismo, se abrirá un proceso de supervisión para monitorear el cumplimiento de los plazos de inversión y la calidad de los servicios ofrecidos.