Un representante del Ejecutivo sostuvo conversaciones confidenciales con los damnificados del polémico token $LIBRA, buscando una vía para desactivar el proceso judicial y evitar mayores repercusiones políticas y económicas en Argentina.
Contexto del escándalo $LIBRA
El token $LIBRA se presentó como una criptomoneda de alta rentabilidad a finales de 2023, pero resultó ser una estafa que dejó a miles de argentinos sin sus ahorros. Las denuncias convergieron en una investigación parlamentaria encabezada por la Comisión de Análisis Fiscal, que ha señalado a altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Javier Milei, como posibles responsables por omisiones y falta de control.
Negociación secreta del Gobierno
Según informó La Nación, un emisario del gobierno –identificado como un alto funcionario del Ministerio de Economía, cuyo nombre no fue divulgado— sostuvo reuniones discretas con representantes de los grupos de víctimas. El objetivo, según fuentes cercanas al proceso, sería “desactivar” el caso mediante acuerdos extrajudiciales que incluyan indemnizaciones parciales y la reposición de fondos bajo la supervisión del Estado.
¿Qué se espera conseguir?
- Alivio inmediato para los damnificados mediante pagos rápidos.
- Evitar la escalada del conflicto a los tribunales y la exposición de la gestión de Milei.
- Recuperar la confianza de la población en las instituciones financieras.
Reacciones de la oposición y la sociedad civil
El senador Axel Kicillof, de la UCR, ha calificado la maniobra de “un intento de encubrimiento” y ha exigido que el Congreso investigue a fondo al presidente Milei. Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro reiteró que el caso $LIBRA no es aislado y que existen otras redes de estafa que deben ser perseguidas.
Organizaciones de consumidores y expertos en criptomonedas advierten que cualquier acuerdo sin una auditoría independiente podría sentar un precedente peligroso, favoreciendo futuros fraudes.
Próximos pasos
Se espera que la Comisión de Análisis Fiscal emita un informe preliminar en los próximos 15 días, mientras que el gobierno mantendrá la confidencialidad de las negociaciones como medida de seguridad. La presión social sigue en aumento, y los grupos de víctimas demandan transparencia total.