La diputada Victoria Villarruel lanzó fuertes críticas contra Vialidad Nacional al revelar que la entidad habría cobrado un canon de $560.000 a la Iglesia de Misiones por el uso de una ruta durante una peregrinación, calificándolo de “extorsión” y exigiendo que se elimine el cargo.
Contexto del conflicto
En una serie de declaraciones públicas realizadas entre el 18 y 19 de noviembre de 2025, la diputada nacional Victoria Villarruel acusó a Vialidad Nacional de haber impuesto un canon de $560.000 a la Iglesia Católica de Misiones para permitir el tránsito de miles de fieles en una peregrinación religiosa a lo largo de la Ruta Nacional 12. La medida, según Villarruel, constituye una práctica injusta y un perjuicio al derecho de libre tránsito.
¿Qué es un canon?
En el ámbito administrativo argentino, el término “canon” se utiliza para describir un pago que una entidad pública solicita a un organismo privado o a una institución para el uso de infraestructuras o servicios. A diferencia de los peajes, que se cobran por kilómetro recorrido, el canon se presenta como una tarifa fija por el acceso a una vía o instalación.
Reacciones de la diputada
Villarruel, quien se desempeña como presidenta del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, calificó la medida como “extorsión” y “un abuso de la autoridad”. En sus declaraciones, afirmó: “Cobrarle a la Iglesia por una peregrinación es un atropello a la libertad religiosa y al derecho de los argentinos a movilizarse sin cargas arbitrarias”.
Respuesta de Vialidad Nacional
Hasta el momento de la publicación, Vialidad Nacional no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones de la diputada. Sin embargo, en declaraciones previas, la entidad había defendido la necesidad de financiar el mantenimiento de la infraestructura vial, argumentando que los recursos recaudados se destinan a mejoras y conservaciones de la ruta.
Implicancias políticas y sociales
El reclamo de Villarruel ha encendido el debate sobre la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas en Argentina. Grupos de la sociedad civil y representantes de la Iglesia han apoyado la postura de la diputada, mientras que algunos sectores del gobierno central sostienen que los cobros son legítimos dentro del marco legal vigente.
Próximos pasos
La diputada anunció que presentará una iniciativa de ley para prohibir la imposición de cánones a instituciones religiosas en rutas nacionales. Asimismo, solicitó al Poder Ejecutivo que intervenga para revisar los criterios de cobro de Vialidad Nacional y garantizar la gratuidad del tránsito en eventos masivos de carácter religioso.