El caso YPF avanza en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York después de la apelación interpuesta por el Gobierno argentino. La justicia estadounidense fijó una audiencia para marzo de 2026, una fecha clave que definirá la entrega de acciones a Repsol y marcará un nuevo capítulo en la disputa surgida tras la expropiación de 2012.
Antecedentes del conflicto
En 2012 el Estado argentino expropió el 51 % de las acciones de YPF, entonces controlada por la española Repsol. La medida desencadenó una larga disputa legal internacional que culminó en 2022 con una sentencia del Distrito de EE. UU. que ordenó a Argentina transferir 2,2 millones de acciones de YPF a Repsol como compensación.
Apelación argentina y decisión de la Corte
El Gobierno de Argentina presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, argumentando que la sentencia vulneraba la soberanía del país y que el proceso de valoración de la expropiación presentaba irregularidades. En junio de 2025 la Corte admitió a trámite la apelación y, tras analizar los escritos de ambas partes, confirmó que el caso continuará su tramitación en la fase de audiencia.
Calendario de audiencias 2026
La Corte de Apelaciones fijó la primera audiencia principal para marzo de 2026. En esa fecha se discutirán los argumentos sobre la entrega de las acciones y el cálculo de la indemnización. Un segundo acto procesal, también programado para marzo de 2026, abordará cuestiones de ejecución y posibles medidas cautelares.
Implicancias económicas y estratégicas
El desenlace del juicio tiene repercusión directa en la balanza de pagos y en la percepción de riesgo país. Una resolución adversa podría obligar a Argentina a desembolsar recursos considerables para la entrega de acciones o al pago de una indemnización adicional, lo que afectaría la confianza de inversionistas extranjeros.
Qué sigue
Las partes continúan preparando sus alegatos. Mientras tanto, el Ministerio de Economía argentino ha indicado que evaluará todas las alternativas legales y financieras para mitigar el impacto económico. El seguimiento del proceso será clave para comprender el futuro de la relación entre Argentina y Repsol y, por extensión, la gobernanza de los recursos energéticos nacionales.