El gobierno argentino anunció que, tras el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, permitirá la importación de automóviles fabricados en territorio norteamericano. La medida abre la puerta a modelos de SUVs, pickups y autos de lujo, aunque el Ministerio de Producción aún define los criterios específicos de entrada.
Contexto del acuerdo comercial con EE.UU.
En noviembre de 2025, el presidente Javier Milei firmó un acuerdo comercial que elimina aranceles a una amplia gama de productos estadounidenses, entre ellos los vehículos ligeros. La medida forma parte de la política de apertura de la economía que impulsa el gobierno para atraer inversión y diversificar el parque automotor.
Qué vehículos podrán ingresar
Según el informe de Infobae, la normativa contempla:
- Pickup y camionetas medianas de marcas como Ford, Chevrolet y RAM.
- SUVs de alta gama de fabricantes como Jeep y Cadillac.
- Automóviles de lujo y deportivos de marcas como Tesla y BMW (producción estadounidense).
El detalle exacto de los modelos aún está bajo revisión del Ministerio de Producción, que evaluará normas de seguridad, emisiones y compatibilidad con la normativa local.
Impacto esperado en la industria local
Los analistas de Ámbito señalan que la apertura podría estimular la competencia, reducir precios para los consumidores y generar transferencia tecnológica. Sin embargo, la industria automotriz nacional advierte sobre la posible presión a los fabricantes locales que aún dependen en gran medida del mercado interno.
Desafíos y limitaciones
Un factor clave que limitará la importación es la normativa de certificación de emisiones y estándares de seguridad, que exige que los vehículos cumplan con los requisitos del Código de Seguridad Vial argentino. Además, la infraestructura de importación y la disponibilidad de divisas siguen siendo retos para la plena materialización del acuerdo.
En definitiva, la apertura del mercado automotor argentino a vehículos de EE.UU. marca un hito en la política comercial del país, aunque su efectividad dependerá de la rapidez con que se concreten los procedimientos regulatorios.