Los hijos de Jair Bolsonaro – Flávio, Carlos y Eduardo – denunciaron el pasado martes que el magistrado supremo Alexandre de Moraes tendría la intención de “matar” al expresidente brasileño, quien permanece bajo custodia penal desde su detención en marzo de 2024 por presuntos delitos de corrupción y conspiración contra la democracia.
Contexto judicial de Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, fue arrestado el 17 de marzo de 2024 por el Supremo Tribunal Federal (STF) bajo la orden del ministro Alexandre de Moraes. Los cargos incluyen intento de fraude en la compra de vacunas y conspiración contra la seguridad institucional. Desde entonces, el exmandatario está recluido en la cárcel de Itaúna, en el estado de Minas Gerais.
Declaraciones de los hijos de Bolsonaro
En una rueda de prensa conjunta el 20 de noviembre de 2025, Flávio Bolsonaro (nacido el 17‑04‑1981), Carlos Bolsonaro (nacido el 07‑05‑1979) y Eduardo Bolsonaro (nacido el 10‑06‑1984) acusaron al juez Alexandre de Moraes de “querer matar al presidente”. Según los hermanos, la expresión alude a una supuesta intención de la justicia de aniquilar políticamente a su padre mediante una condena prolongada y condiciones penitenciarias extremas.
Reacciones institucionales
El ministro Alexandre de Moraes, de 62 años, negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de “desinformación” y “ataque personal”. La Oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que seguirá con el proceso legal sin interferencias externas.
Impacto político y social
El caso ha polarizado nuevamente a la sociedad brasileña. Mientras los seguidores de Bolsonaro consideran las acusaciones como una persecución política, los críticos del exmandatario defienden la independencia del poder judicial. Analistas de la Universidad de São Paulo señalan que el conflicto podría influir en las próximas elecciones municipales de 2026.
Situación actual de Bolsonaro
Jair Bolsonaro sigue cumpliendo una pena que, de confirmarse, podría extenderse por varios años. Las condiciones de su reclusión incluyen acceso limitado a visitas y a la comunicación con el exterior, según informes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.