Desde el 18 al 24 de noviembre, la agenda económica de Argentina se concentra en la decisión del ministro de Economía, Sergio Caputo, sobre los requerimientos de los gobernadores. La presión política se intensifica mientras el Ejecutivo busca la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar el presupuesto nacional en diciembre.
Contexto del proceso presupuestario 2025
El presupuesto nacional, que fija los parámetros de gasto e inversión para el próximo año fiscal, debe ser aprobado por el Congreso antes del 30 de diciembre. En Argentina, la negociación entre el Ejecutivo y los gobiernos provinciales es tradicionalmente determinante, pues los gobernadores controlan una parte significativa del voto en la Cámara de Diputados.
Caputo y la decisión sobre los pedidos provinciales
Durante la semana del 18 al 24 de noviembre de 2025, el ministro de Economía, Sergio Caputo, recibió una serie de solicitudes de los gobernadores que buscan recursos adicionales para obras de infraestructura, salud y educación. Caputo debe decidir si concede o rechaza esos pedidos, lo que influirá directamente en la alineación de los diputados provinciales con el bloque oficialista.
El Gobierno se acerca a la mayoría en el Congreso
Según informes de La Nación, el Ejecutivo ya cuenta con el respaldo de 170 diputados, quedando a pocos votos de la mayoría requerida (176) para aprobar el presupuesto en diciembre. Cada voto adicional que se logre obtener mediante la aprobación de los pedidos de los gobernadores fortalece la posición del gobierno.
Estrategias de los gobernadores y el “método Santilli”
La prensa local destaca la estrategia del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Santilli, quien ha incrementado la presión sobre los gobernadores mediante reuniones intensivas y la promesa de compartir fondos de proyectos estratégicos. Este “método Santilli” se basa en la negociación directa y la oferta de líneas de crédito flexibles.
Repercusiones políticas y económicas
Si Caputo aprueba la mayoría de los pedidos, el Gobierno ganará una mayor estabilidad política y podrá avanzar con su programa de inversión pública. Por el contrario, una negativa parcial o total podría generar tensiones y dificultar la aprobación del presupuesto, lo que impactaría en la confianza de los mercados y en los indicadores macroeconómicos.
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