Desde que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich incorporó al Ministerio el Servicio Penitenciario Federal, se registró un récord histórico de denuncias por violencia y malos tratos a internos, evidenciando tensiones en el sistema carcelario argentino.
Absorción del Servicio Penitenciario Federal
En 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó la integración del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al interior del Ministerio de Seguridad, una medida destinada a centralizar la política de seguridad y fortalecer el control sobre las prisiones.
Récord de denuncias
Tras la reestructuración, el Registro Nacional de Derechos Humanos informó que el número de denuncias por violencia, tortura y malos tratos a internos alcanzó un nivel sin precedentes, superando los mil casos en 2024. Esta cifra duplica la cantidad registrada en el año anterior y marca un hito en la historia penitenciaria del país.
¿Qué implican las denuncias?
Las denuncias incluyen alegaciones de golpes, humillaciones, uso excesivo de la fuerza, aislamiento prolongado y privación de alimentos. Los organismos de derechos humanos destacan que estos hechos vulneran la Convención contra la tortura y el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la integridad física y moral de toda persona.
Respuesta institucional
El Ministerio de Seguridad ha anunciado la creación de una unidad de investigación interna para atender los cargos y ha señalado que se implementarán protocolos de supervisión más estrictos, incluyendo la instalación de cámaras en zonas críticas de los centros penitenciarios.
Contexto y debate público
La medida de Bullrich generó una polarización en la opinión pública. Defensores de la política sostienen que la centralización permite una mejor coordinación contra el crimen organizado, mientras que organizaciones de derechos humanos exigen una revisión profunda del modelo carcelario y el respeto irrestricto a los derechos de los internos.
Perspectivas a futuro
Expertos advierten que, sin una reforma estructural del sistema penitenciario y una capacitación adecuada del personal, es probable que las denuncias continúen en aumento. La comunidad internacional sigue de cerca la situación, recordando la importancia de garantizar un trato digno dentro de los centros de detención.