Los diputados de la oposición han solicitado al Gobierno que repita el análisis del tratado comercial con Estados Unidos, aduciendo que, pese a abrir un mercado de mil millones de dólares al año, genera retos de competitividad, modernización y soberanía digital para la industria nacional.
Motivo de la solicitud
En una reciente sesión del Congreso, los legisladores de la oposición presentaron un proyecto de resolución para que el Ejecutivo reevalúe el Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Argumentan que, aunque el tratado abre oportunidades de exportación, también plantea riesgos para la competitividad de las empresas argentinas y para la soberanía tecnológica del país.
Datos del acuerdo
Según informes de Clarín, un sector productivo estima que el tratado permite la apertura de un mercado que mueve alrededor de US$ 1.000 millones al año. La medida incluye facilidades arancelarias y la posibilidad de ampliar la inversión estadounidense en sectores como agroindustria, tecnología y servicios.
Preocupaciones sobre competitividad y modernización
La economista Marcela Cristini, del Fondo de Investigación Económica de la Universidad de La Plata (FIEL), señaló que el tratado “plantea desafíos de competitividad y modernización para las empresas”. Destacó la necesidad de que las compañías locales inviertan en innovación para no quedar rezagadas frente a la competencia extranjera.
Soberanía digital y costos ocultos
Tiempo Argentino destacó que el acuerdo implica compromisos en materia de datos y soberanía digital, lo que podría generar costos adicionales para el Estado y el sector privado. El texto menciona la posibilidad de que empresas estadounidenses accedan a datos locales bajo condiciones que aún no están totalmente definidas.
Posibles impactos sectoriales
- Agroindustria: mayor acceso a insumos y mercados de exportación.
- Tecnología: necesidad de adaptar normas de protección de datos.
- Servicios: oportunidades de inversión extranjera, pero con condiciones regulatorias.
Próximos pasos
El proyecto de revisión será debatido en la comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior. De aprobarse, el Ejecutivo tendría que presentar un informe técnico que contemple los efectos macroeconómicos y sociales antes de decidir si mantiene, modifica o renegocia el tratado.