El ministro de Salud anunció que no comparecerá ante la comisión del Senado que investiga la muerte de cientos de personas por fentanilo adulterado, mientras la ANMAT enviará a sus directivos. Además, el diputado Mario Lugones tampoco asistirá, pese a la citación, y la provincia de Santa Fe evalúa reformas regulatorias para evitar futuras tragedias.
Antecedentes del escándalo del fentanilo
El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, utilizado médicamente para el control del dolor intenso. Cuando se mezcla con otras sustancias o se vende sin control, su toxicidad puede provocar sobredosis mortales. En los últimos meses, varias provincias argentinas reportaron una oleada de fallecimientos vinculados a fentanilo contaminado, lo que desencadenó una investigación parlamentaria.
Decisión del ministro de Salud
El titular de la cartera de Salud comunicó que no asistirá a la comparecencia ante el Senado programada para examinar el caso. La razón ofrecida al gabinete fue la imposibilidad de combinar la agenda con la atención a emergencias sanitarias en el país. En su lugar, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) enviará a varios funcionarios para responder a las preguntas de los legisladores.
La posición del diputado Mario Lugones
Mario Lugones, diputado que había sido citado para testificar, también informó que no podrá comparecer. Aún así, se mantendrá a disposición de la comisión para aportar la información requerida en una fecha posterior.
Repercusiones en Santa Fe
Ante la mortalidad causada por el fentanilo adulterado, la provincia de Santa Fe inició un análisis exhaustivo de los fallos que permitieron la circulación del opioide. Las autoridades locales consideran reformar los controles de importación, la vigilancia de laboratorios y la normativa sanitaria para fortalecer la prevención de adulteraciones.
Próximos pasos
La comisión del Senado continuará su labor con la participación de los representantes de la ANMAT, quienes presentarán informes técnicos y propuestas de mejora regulatoria. Mientras tanto, la sociedad civil y los organismos de salud siguen demandando una respuesta rápida y coordinada para evitar nuevas tragedias.