Un miembro de la Oficina Anticorrupción, quien también ejerce como abogado del empresario Horacio Calvete, intervino para brindar asistencia legal al momento de un allanamiento policial contra el empresario, generando polémica sobre posibles conflictos de intereses dentro de la institución encargada de combatir la corrupción en Argentina.
Hechos confirmados
Un funcionario de la Oficina Anticorrupción de la Nación, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad, actúa también como abogado de Horacio Calvete, reconocido empresario vinculado a diversas investigaciones por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular. El día del allanamiento, el funcionario se presentó en la sede donde se realizó la diligencia para ofrecer apoyo jurídico al interesado.
Contexto institucional
La Oficina Anticorrupción, creada en 2019, tiene como misión prevenir, investigar y sancionar conductas corruptas en los poderes públicos. La normativa interna establece que los empleados deben evitar cualquier actividad que genere conflicto de intereses, es decir, situaciones en que sus intereses privados puedan influir o percibirse como influyentes en el ejercicio de sus funciones públicas.
¿Qué es un allanamiento?
El término allanamiento se refiere a la entrada forzosa de autoridades judiciales o policiales a un domicilio, oficina o establecimiento, con el fin de incautar pruebas vinculadas a una investigación criminal. En Argentina, el allanamiento debe ser autorizado por una orden judicial firmada por un juez competente.
Repercusiones y debate público
Este hecho ha despertado críticas de expertos en derecho y de organizaciones de la sociedad civil, que señalan una posible vulneración del principio de imparcialidad. La Comisión de Ética del Poder Ejecutivo ha anunciado que revisará el caso para determinar si existen infracciones a la normativa interna de la Oficina.
Próximos pasos
Se espera que la Oficina emita una respuesta oficial y que, de confirmarse el conflicto de intereses, se apliquen las sanciones correspondientes. Mientras tanto, el caso mantiene la atención de los medios y del público, quien demanda mayor transparencia en la gestión de la lucha contra la corrupción.