Los gigantes bancarios Santander y BBVA anunciaron este lunes en Madrid que detendrán la apertura de nuevas líneas de crédito para empresas y consumidores argentinos, citando un reciente aumento del riesgo país y la volatilidad macroeconómica que afecta la capacidad de pago en la nación sudamericana.
Decisión tomada en Madrid
En una rueda de prensa celebrada el 26 de noviembre de 2025 en la capital española, los directivos de Santander y BBVA comunicaron que, frente al rápido deterioro de los indicadores económicos de Argentina, han decidido frenar la emisión de nuevo crédito a clientes locales.
¿Qué implica el “freno al crédito”?
El término alude a la suspensión temporal de la apertura de préstamos, líneas de financiación y tarjetas de crédito para empresas y personas físicas. Los préstamos ya vigentes seguirán cumpliendo sus condiciones, pero no se generarán nuevos compromisos hasta que se revierta la percepción de riesgo.
Contexto macroeconómico argentino
Argentina ha registrado una inflación anual superior al 150 % en los últimos doce meses, una devaluación del peso que supera el 80 % frente al dólar y un riesgo país que, según los últimos informes de Calvo y Moody’s, supera los 2 500 puntos básicos. Estos factores elevan la probabilidad de impago y reducen la rentabilidad esperada para los bancos internacionales.
Repercusiones para la economía local
La medida de Santander y BBVA podría afectar a cientos de pequeñas y medianas empresas que dependen del financiamiento externo para operar y exportar. Los analistas advierten que la restricción del crédito puede agravar la escasez de liquidez y limitar la inversión privada, impulsando una mayor presión sobre el ya frágil mercado interno.
Reacción de los bancos
Los portavoces de ambas entidades subrayaron que la decisión es precautoria y que seguirán monitoreando la evolución de los indicadores. “Nuestro compromiso es mantener una exposición responsable y sostenible”, declaró el director de banca corporativa de Santander en España.
Perspectivas a futuro
Se espera que la política crediticia se revise de forma trimestral, considerando la evolución de la inflación, el tipo de cambio y los acuerdos de financiamiento externo que el gobierno argentino gestione con organismos internacionales.