El fiscal a cargo del caso de los Cuadernos de la Corrupción declaró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habría sido la destinataria final de los pagos ilegales y se benefició directamente de ellos. La acusación, que ya se encuentra en fase de juicio oral, incluye pruebas documentales y testimonios que vinculan a la Casa Rosada y a la propia vivienda de la exmandataria con la ruta del dinero sucio.
Antecedentes del caso Cuadernos
Los “Cuadernos de la Corrupción” son anotaciones manuscritas por el ex chofer de la empresa de transporte ejecutivo Oscar Centeno, que detallan una presunta red de sobornos pagados a funcionarios del gobierno entre 2012 y 2015. La investigación, iniciada en 2018, ha llevado a la imputación de varios ex funcionarios y empresarios.
Lo que sostiene la fiscalía
En la última audiencia, el fiscal Martín Sabbatella sostuvo que los pagos alcanzaron “hasta 2,5 millones de dólares” y que Cristina Fernández de Kirchner era la destinataria final de los fondos. Según la acusación, el dinero se entregaba en efectivo en la Quinta de Olivos y en la residencia de la familia Kirchner en Los Sauces, donde se almacenaba antes de ser distribuido a cuentas vinculadas al entorno político.
Definición de conceptos clave
- Destinataria final: persona que recibe directamente el dinero de la trama de corrupción, sin intermediarios.
- Coima o soborno: pago ilícito a cambio de favores o decisiones políticas.
- Juicio oral: fase del proceso penal donde se presentan pruebas y testimonios ante el tribunal.
Desarrollo del juicio
El juicio se encuentra en su tercera fase, con la lectura de la acusación y la presentación de pruebas documentales que incluyen los mismos cuadernos, facturas y registros bancarios. La defensa ha solicitado la suspensión del proceso alegando “violaciones al debido proceso”, pero el tribunal ha rechazado la medida.
Repercusiones políticas
Si bien el caso tiene menos de dos años, ya ha generado un intenso debate nacional sobre la impunidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional. Analistas políticos anticipan que una eventual condena podría tener un impacto significativo en la agenda electoral de 2027.