La acusación del ministerio fiscal en la causa Cuadernos de la Corrupción señala que la expresidenta Cristina Kirchner recibió directamente los pagos de coimas y usó su residencia como punto de acopio del dinero, generando una nueva oleada de tensión política mientras el juicio avanza en la Justicia Federal.
Antecedentes del caso
Los “Cuadernos de la Corrupción” son una serie de anotaciones manuscritas por el chofer Luis Arce, que supuestamente registran pagos ilegales realizados entre 2008 y 2015 a funcionarios y partidos a cambio de obras públicas. Desde su publicación en 2018, la investigación ha involucrado a varios empresarios de la obra pública, entre ellos Odebrecht y Andrade Gutierrez.
Declaraciones de la Fiscalía
En la audiencia celebrada el 27 de noviembre de 2025, la fiscal María Alfonsín sostuvo que Cristina Kirchner fue la “destinataria final” de los fondos provenientes de los pagos de coimas. Según la fiscal, la presidenta del bloque kirchnerista utilizó la Quinta de Olivos y una vivienda en el barrio de Recoleta como centros de acopio, donde el dinero se depositaba antes de ser distribuido a distintas obras del Estado.
La fiscalía presentó pruebas documentales, testigos presenciales –incluidos funcionarios de la Casa Rosada y del Ministerio de Obras‑Públicas– y registros bancarios que, según el ministerio, demuestran la transferencia de sumas millonarias a cuentas vinculadas a la familia Kirchner.
Reacciones y contexto judicial
El abogado defensor de la expresidenta, Gustavo Menna, calificó las acusaciones de “infundadas” y acusó a la Fiscalía de politizar el proceso judicial. Por su parte, la oposición de centro‑derecha reiteró que el caso confirma la existencia de una “red de corrupción” que involucra a los últimos gobiernos kirchneristas.
El proceso, que comenzó oficialmente el 12 de diciembre de 2023, ha registrado más de 30 audiencias y la lectura de la acusación se reanudó el 26 de noviembre de 2025 tras la presentación de nuevas pruebas por parte del ministerio fiscal.
Próximos pasos
El tribunal está llamado a resolver, en los próximos meses, la solicitud de prisión preventiva contra varios imputados y a determinar si procede ampliar la investigación a otros miembros del entorno político de la expresidenta. La sociedad civil y los medios seguirán de cerca el desarrollo del juicio, que podría marcar un hito histórico en la lucha contra la corrupción en Argentina.