La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó, en una sentencia reciente, la constitucionalidad de la polémica reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2017, medida que había desencadenado intensas protestas en todo el país. La decisión mantiene vigente los cambios introducidos en el sistema jubilatorio y sienta un precedente jurídico de gran relevancia.
Antecedentes de la reforma previsional de 2017
En diciembre de 2017, el presidente Mauricio Macri aprobó una reforma del sistema jubilatorio argentino cuyo objetivo era reducir el déficit previsional. Entre los cambios principales quedaron: el aumento de la edad mínima de jubilación para hombres de 60 a 65 años y para mujeres de 55 a 60 años, la reducción de los haberes de los jubilados con salarios altos y la elevación de las alícuotas de aporte obligatorias para los trabajadores.
Estas modificaciones generaron una fuerte oposición popular y desencadenaron una serie de protestas masivas en todo el país, conocidas como la “revuelta de los jubilados”, que culminaron en manifestaciones multitudinarias en la capital y otras ciudades.
La sentencia de la Corte Suprema
En una decisión emitida recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la reforma previsional de 2017 es constitucional. La magistratura analizó los artículos 14 bis y 75 de la Constitución, concluyendo que los cambios no vulneran derechos fundamentales y que cumplen con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por el ordenamiento jurídico.
El fallo también confirmó la validez de la última ley de movilidad de haberes aprobada en aquel período, que ajusta los salarios de los jubilados de acuerdo con la inflación y el crecimiento económico.
Reacciones institucionales y sociales
Organizaciones de jubilados y sindicatos expresaron su malestar, señalando que la decisión judicial preserva un marco que consideraban regresivo. Por su parte, el gobierno actual calificó la sentencia de “un acierto jurídico que brinda estabilidad al sistema previsional y a la economía del país”.
Implicancias a futuro
El pronunciamiento de la máxima autoridad judicial cierra definitivamente el debate legal sobre la reforma de 2017, lo que implica que los criterios de edad, aportes y cálculo de haberes permanecerán vigentes. Asimismo, sienta un precedente para futuros intentos de reforma del sistema jubilatorio, que deberán ajustarse a los parámetros constitucionales señalados por la Corte.
En el contexto económico, la estabilidad normativa del sector previsional se considera un factor positivo para la confianza de los inversores y para la planificación financiera de los trabajadores argentinos.