Durante la juramentación de los nuevos diputados el 2 de diciembre de 2025, el micrófono abierto captó al diputado Gerardo Cipolini lanzando insinuaciones sexuales y comentarios sexistas sobre varias legisladoras, generando una fuerte polémica en la política nacional.
El incidente
En la sesión inaugural de la nueva legislatura, celebrada el 2 de diciembre de 2025, el presidente de la Cámara de Diputados dejó encendido el micrófono del podio. Mientras los parlamentarios juraban cumplir la Constitución, el diputado Gerardo Cipolini (Frente de Todos – Río Negro) pronunciaba comentarios de tono sexual dirigidos a varias compañeras, entre ellas la presidenta del Senado y vicepresidenta del país, Cecilia Moreau.
Cipolini, sin percatarse de que el micrófono estaba activo, comentó: “Qué buena que está la peruca” y siguió con otras frases lascivas que fueron rápidamente captadas por los medios y difundidas en redes sociales.
Reacciones y medidas
El hecho desencadenó una ola de condenas:
- El presidente de la Nación denunció el comportamiento como “inaceptable” y pidió sanciones.
- La presidenta del Senado, Cecilia Moreau, calificó los comentarios de “absolutamente irrespetables” y exigió una respuesta disciplinaria.
- La Mesa Directiva de la Cámara anunció que se abrirá una comisión investigadora y que Cipolini será suspendido del uso del micrófono oficial hasta que se esclarezca el caso.
Contexto y definiciones
El micrófono abierto se refiere a un dispositivo de sonido que, cuando está encendido, transmite cualquier sonido en la sala al público y a los medios. En sesiones parlamentarias, su uso está estrictamente regulado para evitar fugas de información o interrupciones.
La juramentación es el acto solemne en que los diputados y diputadas prestan juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país. Es un momento de alta simbología y respeto institucional.
Impacto en la agenda política
El escándalo ha puesto nuevamente en la agenda nacional el debate sobre la violencia de género y el sexismo en los espacios de poder. Organizaciones feministas y grupos de la sociedad civil exigen leyes más estrictas contra el acoso y la discriminación en el ámbito legislativo.
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