La diputada nacional Lorena Villaverde, de 50 años, anunció su renuncia al cargo de senadora el 2 de diciembre de 2025 después de que una comisión del Congreso impugnara su banca por supuestos lazos con el narcotráfico, en el escándalo conocido como Narcogate.
Contexto político y judicial
Lorena Villaverde, nacida el 28 de mayo de 1975, pertenece al Partido Justicialista y ejercía como diputada nacional por la provincia de Santa Cruz. En 2023 fue designada senadora tras la renuncia del titular anterior. El 30 de noviembre de 2025 la Comisión Bicameral de Asuntos Legales del Congreso aprobó su impugnación, un procedimiento que permite a la Cámara destituir a un legislador cuando se comprueban causas graves que afectan la honorabilidad del cargo.
¿Qué es la impugnación?
La impugnación es una medida constitucional que puede ejercer el Congreso para remover a un parlamentario por delitos, falta de idoneidad o incompatibilidad. En este caso, el sustento fue la aparición de denuncias y pruebas que vinculan a Villaverde con organizaciones vinculadas al narcotráfico, bajo el apodo de “Narcogate”.
Renuncia y consecuencias
Ante la presión política y los riesgos de una posible destitución, Villaverde presentó su renuncia el 2 de diciembre de 2025, manteniendo su condición de diputada, puesto que la impugnación solo alcanzaba su banca senatorial.
El gesto fue calificado como “una decisión responsable para evitar mayor desglose institucional” por el jefe de gabinete del presidente. Sin embargo, los partidos de oposición anunciaron que seguirán impulsando una investigación penal para determinar la veracidad de los vínculos con el narcotráfico.
Repercusiones en el Congreso
La vacancia de Villaverde abrirá la lista de suplentes del bloque justicialista de Santa Cruz, que se presentará al Senado en la próxima sesión de la Cámara Alta. El caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control ético en la política argentina.
Reacciones de la sociedad
Organizaciones de la sociedad civil y sectores de la comunidad han pedido mayor transparencia y sanciones ejemplares para los funcionarios involucrados en casos de corrupción o narcotráfico. El escándalo “Narcogate” continúa generando protestas y exigencias de reformas legislativas.