El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitó este viernes los incrementos de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, fijando al índice RIPTE como referencia obligatoria y prohibiendo actualizaciones indiscriminadas que habían encarecido los pagos a los trabajadores.
Límite impuesto por el Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de CABA emitió una sentencia que pone freno a los abusos en la actualización de las indemnizaciones laborales. A partir de la publicación de la resolución, los empleadores deberán aplicar exclusivamente el índice de referencia de salarios y precios del trabajo (RIPTE) para actualizar intereses y capital de las prestaciones por accidente laboral.
¿Por qué el RIPTE?
El RIPTE es el índice oficial que refleja la evolución del salario promedio de los trabajadores registrados en la Argentina. Su uso garantiza que los ajustes sean congruentes con la realidad del mercado laboral y evita que se apliquen índices inflados o arbitrarios que encarecen los costos para las empresas.
Contexto jurídico previo
La medida se enmarca dentro de una serie de resoluciones judiciales de los últimos años que buscaban uniformar la forma de cálculo de las indemnizaciones. En 2023 la Justicia de la Nación ya había establecido que la actualización debía basarse en salarios promedio, mientras que la Corte Suprema de la Ciudad confirmó la validez del índice salarial para estos fines.
Impacto para empleadores y trabajadores
Para los sindicatos y organizaciones de trabajadores, el fallo representa una victoria al proteger los derechos de quienes sufren accidentes laborales, asegurando que sus compensaciones se mantengan actualizadas sin excesos. Para el sector empresarial, la decisión implica mayor previsibilidad en los costos de seguros y en la planificación financiera, al eliminar la práctica de aplicar índices superiores al RIPTE.
¿Qué ocurre si se incumple?
La sentencia advierte que el incumplimiento podrá derivar en sanciones judiciales, incluyendo el pago de intereses moratorios y la posibilidad de que el caso sea elevado a instancias superiores para revisión.