La Cámara Federal de Apelaciones, a raíz de la polémica causa ANDIS, dictó una resolución que obliga a conocer el origen y la autenticidad de los audios atribuidos al ex diputado Diego Spagnuolo. La medida, anunciada a comienzos de diciembre de 2025, reaviva el debate sobre supuestos pagos irregulares a organismos de la comunidad discapacitada y plantea nuevas preguntas al sistema judicial argentino.
Contexto de la causa ANDIS
La investigación conocida como ANDIS se centra en presuntas irregularidades vinculadas a organizaciones que atienden a personas con discapacidad. Según los fiscales, se habrían canalizado fondos de manera indebida a través de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad (ANDIS), generando un escándalo que involucra a distintos actores políticos.
El papel de Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo, ex diputado nacional del bloque kirchnerista, aparece como una de las figuras señaladas por la supuesta entrega de audios que implican conversaciones sobre pagos y favores. Los archivos de audio surgieron en la prensa a mediados de 2024, pero su origen y veracidad nunca fueron confirmados de manera concluyente.
Decisión de la Cámara Federal
El 4 de diciembre de 2025 la Cámara Federal de Apelaciones emitió una orden judicial que obliga a las partes involucradas a presentar pruebas que acrediten el origen y la autenticidad de dichos audios. La resolución también solicita la colaboración de peritos forenses de audio para determinar si las grabaciones fueron manipuladas.
Implicancias legales
De confirmarse la autenticidad de los audios, podrían derivarse nuevas acusaciones penales contra Spagnuolo y otros funcionarios vinculados, incluyendo cargos de cohecho, falsedad documental y asociación ilícita. La medida refleja la intención del poder judicial de ejercer mayor control sobre casos de corrupción que involucren fondos destinados a la asistencia social.
Reacciones y expectativas
Grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos de la discapacidad han recibido la resolución con optimismo, considerándola un paso necesario para esclarecer posibles desvíos de recursos públicos. Por su parte, la defensa de Spagnuolo ha anunciado que impugnará la medida, argumentando que los audios podrían ser parte de una estrategia de persecución política.
El proceso está previsto que continúe durante los próximos meses, con la presentación de peritajes y la posible convocatoria de audiencias públicas que permitirán a la ciudadanía seguir de cerca el desarrollo del caso.