La Fiscalía General de Honduras ha pedido a Interpol una orden de captura contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, indultado por EE.UU. en 2021, alegando su presunta participación en narcotráfico y lavado de activos. La medida, anunciada a inicios de diciembre de 2025, reaviva la polémica sobre la justicia y la cooperación internacional.
Contexto de la solicitud
El Fiscalía General de Honduras informó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) su intención de emitir una Red Notice contra el ex mandatario Juan Orlando Hernández. La petición, presentada a principios de diciembre de 2025, está fundamentada en los cargos de narcotráfico, lavado de activos y fraude que pesaban sobre Hernández desde su condena en EE.UU. en 2022.
¿Qué ocurrió con el indulto?
El 19 de enero de 2021, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, concedió un indulto a Hernández, quien había sido sentenciado a 10 años de prisión por su presunta colaboración con cárteles de la droga. El perdón generó críticas internacionales y la percepción de impunidad en la región.
Los cargos en Honduras
La Fiscalía acusa a Hernández de haber recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico y de haber utilizado esos fondos para financiar campañas políticas y actividades ilícitas. Además, se le vincula a un esquema de lavado de activos que habría operado a través de empresas pantalla en varios países.
Respuesta de la comunidad internacional
Varios gobiernos y organismos han seguido de cerca el caso. Mientras EE.UU. mantiene su posición de que el indulto fue una cuestión interna, países como Cuba han cuestionado la política antidroga americana tras el perdón otorgado. Por su parte, Interpol evalúa la solicitud hondureña antes de emitir la Red Notice, que permitiría la detención de Hernández en cualquier territorio adherido al organismo.
Implicancias para la política hondureña
La medida refuerza la presión sobre el actual gobierno de Honduras para combatir la corrupción y el crimen organizado. Asimismo, abre la puerta a posibles procesos judiciales futuros y a la cooperación con agencias de la justicia de otros países.
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